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SUJETO PASIVO: ALGUNOS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPUESTOS DEL EXP. 2237-2003-HD/TC CUSCO CARLOS ALBERTO FÉLIX CAVERO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En…
SUJETO PASIVO: ALGUNOS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPUESTOS DEL EXP. 2237-2003-HD/TC CUSCO CARLOS ALBERTO FÉLIX CAVERO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Alberto Félix Cavero contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 86, su fecha 30 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de hábeas data. ANTECEDENTES Con fecha 11 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de hábeas data contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., a fin de que se le suministre información documentada respecto de la Cuenta de Ahorros N.° 06-01-11-116675, el nombre de su titular y su domicilio, en caso de ser persona natural y, de ser persona jurídica, copia del testimonio de constitución y nombramiento del gerente. Solicita, además, un extracto pormenorizado de la referida cuenta, de los documentos proporcionados por su titular, y los documentos que determinen quién o quiénes son, en la actualidad, sus titulares, alegando que, al tratarse de información de carácter público, y no afectarse la seguridad nacional ni la intimidad personal, la negativa de la emplazada vulnera su derecho de acceder a la información previsto por el inciso 5 del artículo 2° de la Constitución. El demandante afirma haber sido estafado por una persona que, manifestándole ser directivo de la Asociación Feria Internacional Polvos Celestes, le ofreció en venta un stand comercial, por el cual depositó en la mencionada cuenta la suma de cuatrocientos dólares americanos (US$ 400), agregando que, al desconocer el paradero de dicho sujeto y ante la inexistencia registral de la citada asociación, requiere la información para adoptar las medidas pertinentes. La emplazada aduce que, en su condición de entidad financiera, el artículo 140° de la Ley N.° 26702 le prohíbe entregar información y que el artículo 10° de la Ley N.° 27489 dispone que las Centrales Privadas de Información de Riesgos y de Protección al Titular de la Información (CEPIRS) no pueden difundir en sus reportes de crédito información que viole el secreto bancario o la reserva tributaria. El Cuarto Juzgado Civil del Cusco, con fecha 28 de abril de 2003, declaró infundada la demanda, por estimar que la información requerida por el actor no cumple las exigencias previstas por el inciso 3 del artículo 200° de la Constitución, pues la exhibición de registros públicos o privados, en ejercicio de la libertad de información, sólo procede cuando se refiere a datos personales del solicitante o los de su grupo familiar, o, para exigir la supresión, rectificación o actualización de los datos e informaciones inexactas del propio solicitante o su familia, añadiendo que la información requerida no se puede proporcionar en virtud del artículo 140° de la Ley N.° 26702. La recurrida, por los mismos fundamentos, revocó la apelada, y declaró improcedente la demanda. FUNDAMENTOS 1. Conforme al inciso 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú: a) “Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. b) Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. c) El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una Comisión Investigadora del Congreso, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.” 2. El artículo 140° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, N.° 26702, dispone que está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en los artículos 142° y 143°. 3. Del estudio de los actuados y lo expuesto en los fundamentos precedentes, este Colegiado llega a las siguientes conclusiones: a) Si bien es cierto que la Constitución ha consagrado en los términos referidos en el fundamento 1. el derecho fundamental de acceso a la información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento de la facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, no existiendo, por lo tanto, entidad del Estado o con personería jurídica de derecho público que quede excluida de la obligación de proveer la información peticionada, también lo es que la emplazada es una entidad o persona jurídica de derecho privado –pues se trata de una sociedad anónima–, por lo que la demanda no puede ser estimada, toda vez que no se encuentra dentro del supuesto previsto por la precitada norma constitucional. b) Conforme se ha expresado en el acápite b del fundamento 1, no se proporcionan –entre otras– las informaciones que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. En ese orden de ideas, y en concordancia con el artículo 140° de la Ley N.° 26702, el Tribunal Constitucional entiende que, al existir una ley que prohíba a la emplazada –en su calidad de empresa del sistema financiero– la entrega de información sobre las operaciones de sus clientes, la demanda no puede ser amparada. c) No obstante que el acápite c) del fundamento 1 establece claramente deja claramente establecido que el secreto bancario no es absoluto, criterio que es desarrollado en los artículos 142° y 143° de la Ley N.° 26702, independientemente de la condición privada de la emplazada, este solo puede levantarse cuando lo solicite un juez, el Fiscal de la Nación, o una Comisión Investigadora del Congreso, con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado, situación que no ocurre en el caso de autos, y que, por tanto, no permite estimar la presente demanda. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, FALLA REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas data; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. SS. ALVA ORLANDINI AGUIRRE ROCA GONZALES OJEDA EXP. N.º 0301-2004-HD/TC CONO NORTE DE LIMA JUAN FEDERICO PALIAN CANCHAYA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 5 días del mes de marzo del 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Federico Palian Canchaya contra la sentencia de la Primera Sala Sexta Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 80, su fecha 10 de octubre del 2003, que declara infundada la acción de hábeas data de autos. ANTECEDENTES Con fecha 20 de marzo del 2003, el recurrente interpone acción de hábeas data contra doña Gertrudes Julia Sotero Villar, a fin de que se cumpla con expedirle copia fotostática certificada de la escritura pública de compraventa, del 14 de octubre del 2002, y de la minuta que sirvió de sustento a la escritura pública que solicita. Alega que ante la posibilidad de que solamente los empleados le estuvieran denegando el pedido y que el notario desconociera tal hecho, solicitó mediante carta notarial, del 24 de enero del 2003, la expedición de la indicada documentación. La emplazada contesta la demanda señalando que la violación de los derechos protegidos por el hábeas data se configura en el caso de las entidades públicas, mientras que el notario es un profesional del derecho que ejerce en forma privada una función pública en beneficio de la colectividad. El Primer Juzgado Mixto de Carabayllo, con fecha 19 de junio del 2003, declaró improcedente la acción, argumentando que, aun cuando la función notarial es de naturaleza pública por la forma misma en que el notario ejerce su labor, resulta evidente que ni las notarías constituyen entidades públicas ni los notarios son funcionarios públicos, por lo que éstos no pueden ser sujetos pasivos de la acción de hábeas data. La recurrida revocó la apelada, declarando improcedente la demanda, por considerar que la información o los datos pueden ser requeridos no solo a entidades públicas, sino también a privadas, no encontrándose el supuesto dentro de las prohibiciones del artículo 15° de la Ley N.° 27806, por lo que es razonable y atendible el derecho a la información de la documentación solicitada siempre que se sufrague el costo de la misma. FUNDAMENTOS 1. El derecho fundamental de acceso a la información pública ha sido consagrado en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, en los siguientes términos: a) “Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”. 2. Este Tribunal se ha pronunciado respecto a los alcances del derecho en cuestión en la sentencia recaída en el Exp. N.° 1797-2002-HD/TC, señalando que “[...] el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. [...]En segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna [...]. Desde este punto de vista, la información sobre la manera como se maneja la res pública termina convirtiéndose en un autentico bien público o colectivo que ha de estar al alcance de cualquier individuo”. Como se observa, desde ambas perspectivas, el derecho de acceso a la información pública se sustenta en una cotitularidad inherente a todos los ciudadanos sobre el manejo de la información que se encuentre en poder o se origine en el Estado. 3. Debe advertirse que, si bien la materialización del derecho en cuestión se configura en la posibilidad de solicitar y recibir de una entidad pública la información, ello obedece a que solamente los entes estatales constituyen los canales adecuados para que se efectúe el flujo de información, y que es el propio Estado el que responde por ésta frente a la colectividad. Esto implica que la información en sí misma es generada, elaborada o mantenida por los propios funcionarios públicos en la ejecución de las funciones que le han sido encargadas por el Estado, de manera que la información que se origine en el ejercicio de una función pública, también compartirá las dos dimensiones del derecho de acceso a la información, debiéndose recurrir a los conductos idóneos para su logro. 4. De autos se verifica que es un notario quien ha sido denunciado como sujeto pasivo de la vulneración constitucional, por lo que se debe tener en cuenta que éste, en su calidad de profesional del derecho autorizado por el Estado para brindar un servicio público en el ejercicio de su función pública, comparte la naturaleza de cualquier funcionario público en cuanto a la información que genera. En esa medida, toda la información que el notario origine en el ejercicio de la función notarial y que se encuentre en los registros que debe llevar conforme a la ley sobre la materia, constituye información pública, encontrándose la misma dentro de los alcances del derecho fundamental del acceso a la información, sobre todo si se tiene en cuenta que en el servicio notarial es el notario el único responsable de las irregularidades que se cometan en el ejercicio de tal función. 5. De acuerdo con lo dicho, este Colegiado considera que la demanda debe estimarse, en tanto no existe impedimento alguno para que el notario brinde el acceso a la información pública generada en el ejercicio de las funciones notariales, siempre y cuando ésta se trate de información que forme parte de su protocolo y archivo notarial, y que se cumpla con el abono del costo que suponga el pedido. FALLO Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, Ha resuelto Declarar FUNDADA la acción de hábeas data. Publíquese y notifíquese. SS. ALVA ORLANDINI GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA EXP.N.° 1851-2002-HD/TC LIMA LUIS ROMÁN QUISPE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 29 días del mes de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Román Quispe contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 86, su fecha 9 de julio de 2001, que declaró improcedente la acción de hábeas data de autos. ANTECEDENTES Con fecha 2 de junio de 2000, el recurrente interpone acción de hábeas data contra el Decano del Colegio de Notarios de Lima, alegando que se le ha negado la información que solicitó sobre las funciones del Colegio de Notarios de Lima, vulnerándose el inciso 5 del artículo 2° de la Constitución; consecuentemente, pide se le informe sobre: 1) el procedimiento para la vigilancia directa del cumplimiento por parte del notario, de las leyes y reglamentos que regulan la función notarial; 2) la forma cómo se cumple el régimen de visitas de inspección ordinaria y extraordinaria de los oficios notariales de su jurisdicción; 3) si la información antes solicitada tiene el carácter de secreta, reservada o prohibida; 4) si se ha dictado alguna norma que permita la intervención de los usuarios afectados por las irregularidades que pueden ser determinadas tras llevarse a cabo las funciones de vigilancia e inspección; 5) si en el caso de la escritura pública de compraventa de fecha 24 de noviembre de 1995 consta la visita de inspección ordinaria o extraordinaria que certifique el cumplimiento del artículo 7º de la Ley N.º 19033, por tratarse de la transferencia de un bien inmueble declarado Monumento Histórico por Resolución Ministerial N.º 0928-80. Alega que se procedió a inscribir dicho inmueble pese a que la escritura pública era nula por mandato de la ley; solicita, además, que se le brinde información respecto a las medidas adoptadas por el Colegio de Notarios por la infracción del inciso d) del artículo 57º de la Ley del Notariado, y se le expida copia certificada de la Licencia del Dr. Laos de Lama, ante quien se formalizó la escritura pública de compraventa. El Decano del Colegio de Notarios de Lima contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, pues con esta acción el recurrente pretende cuestionar la actuación funcional del notario de Lima, así como las irregularidades que determinaron la nulidad de la escritura pública del inmueble que reclama y su posterior inscripción en registros públicos, situaciones que no pueden ser materia de una acción de garantía como el hábeas data, más aún tomando en cuenta que la información solicitada se encuentra exceptuada de ser dispensada por ley, según el inciso i) del artículo 130° del Decreto Ley N.° 26002, Ley del Notariado. El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 3 de julio de 2000, declaró improcedente la demanda, por considerar que los Colegios de Notarios son personas jurídicas de derecho público, y que una de sus funciones es absolver las consultas y emitir informes que le sean solicitados por los poderes públicos y/o por sus miembros; por tanto, la acción presentada resulta desestimable, más aún cuando se cuestiona mediante este recurso la compraventa de un inmueble. La recurrida confirmó la apelada, estimando que el hábeas data no puede interponerse para impugnar la validez de un instrumento público. FUNDAMENTOS 1. El inciso 5 del artículo 2° de la Constitución declara que toda persona tiene derecho “a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública”. La Constitución ha consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a la información, es decir, el derecho que asiste a toda persona de solicitar y recibir información, de cualquier entidad pública; por tanto, ninguna entidad del Estado o persona de derecho público estará excluida de la obligación respectiva, salvo que la información solicitada pueda afectar la intimidad, la seguridad nacional o se encuentre expresamente prohibida por ley. 2. Siendo los Colegios Profesionales instituciones autónomas con personalidad de derecho público, de acuerdo con el artículo 20° de la Constitución, corresponde, en el presente caso, verificar si se ha configurado la vulneración del derecho a solicitar y recibir información. 3. Respecto a la pretensión del demandante para que se le informe sobre la visita de inspección que debe constar en la escritura pública de fecha 24 de noviembre de 1995, el Tribunal Constitucional considera que dicho extremo del petitorio no puede ser ventilado en esta vía, puesto que se basa en un cuestion
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